Violación de la intimidad

Las asociaciones “Electronic Frontier Foundation” (EFF) y “Public Knowledge” recientemente hicieron efectiva una denuncia contra el Delegado de Comercio de Estados Unidos (US Trade Representative) por negarse a informarles sobre un nuevo proyecto de acuerdo internacional para la lucha contra la falsificación.
El proyecto en cuestión, AntiCounterfeiting Trade Agreement, según refiere la conocida EFF, está actualmente siendo “pulido” y, sobre todo, sometido a un proceso de negociación secreto. Son varios los países que están implicados en la implementación de dicha ley, y según EFF son los siguientes: Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Suiza, Japón, República de Corea, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos. Si bien el texto sigue siendo secreto, fugas de su contenido permitieron conocer su existencia y parte del mismo.
Según refiere Gwen Hinze, de la EFF, este nuevo acuerdo conlleva una serie de afecciones severas a la libertad de expresión y lo que los estadunidenses designan como libertades públicas, con lo que las autoridades de aduanas en aeropuertos y cualquier zona fronteriza pueden efectuar análisis de los contenidos de los equipos de cómputo portátiles, o incluso de cualquier sistema electrónico u óptico que transporten las personas, con la finalidad, por ejemplo, de poder buscar archivos que estén ilegalmente cargados en dichos equipos. El supuesto objetivo de luchar, de esta manera, más eficazmente contra la piratería termina justamente por afectar y violentar la intimidad de los mismos usuarios, ya que no sólo se conocerá si una persona tiene software o incluso hardware pirata, sino que irrumpirá directamente en los contenidos e informaciones que los equipos contengan, vulnerando el derecho que tiene cualquier persona a tener información personal (de preferencias sexuales, intereses políticos, etcétera) y podría ser usado con otros fines.
En México nada de esto se ha informado, pero de ser cierto también se pondrán en marcha severos controles sobre los proveedores de acceso a internet, exigiéndoles una mayor vigilancia de los archivos descargados por los usuarios. Una cuestión, que se debe decir, no es nueva en México ya que gracias a eso fue, que en el mes de abril, detuvieron en Morelos al joven Edgar Rubio y lo condenaron por piratería a seis años y medio de prisión además del pago de la multa correspondiente. Por lo pronto habrá que estar atentos a esto ya que una normatividad de corte internacional en la materia limitaría severamente las libertades individuales de las personas y violentaría también tanto su vida privada como su intimidad.

Publicado en Milenio diario.