iPad y violación a la privacidad

Apenas ayer el gurú de Apple Steve Jobs presentó su joya que piensa redefinir el campo de la cultura y el entretenimiento, el iPad, que sería la mediación perfecta entre el iPhone y su computadora portátil, la MacBook, pero ya empezaron las críticas y a desnudar sus defectos. De hecho durante la presentación del iPad en la ciudad de San Francisco, la Free Software Foundation aprovechó la oportunidad para organizar una pequeña manifestación en la sala en donde se desarrollaba la misma. Los activistas de dicha ONG aprovecharon el lanzamiento oficial del iPad para protestar contra la política de Apple en materia de DRM (Digital Rights Management / Gestión Digital de Derechos).

En realidad fue una pírrica manifestación que encabezaron aproximadamente unas seis o siete personas, que fueron prácticamente acallados por los fanáticos seguidores de la firma californiana que celebran acríticamente todo producto que lanza dicha empresa. A pesar de eso quedó de manifiesto la postura de los manifestantes hacia la empresa de las manzanas. Y es que a pesar de las virtudes técnicas que pueda tener la iPad, como Wi-Fi y 3G, en el caso de algunos modelos, los manifestantes señalaron sus aspectos negativos:

Ausencia de software libre; impedimento para instalar aplicaciones diferentes a las ofertadas en la AppStore; la imposibilidad de compartir contenido (música,o ilbros); la posibilidad de Apple de controlar el aparato a distancia y, prácticamente, de saber los usos que hacen los usuarios de dicha interfaz.

Según Steve Jobs detesta los DRM, pero lo único que ha hecho para frenar su propagación es no usarlos en el servicio de iTunes Store. Si fuera coherente no continuaría con esa práctica en los demás productos que fabrica y comercializa Apple. Lo que es claro, como refiere atinadamente la Free Software Foundation, la AppStore está saturada de servicios cerrados que impiden el uso de programas libres procedentes de fuentes distintas a Apple. Por supuesto que poco tiempo después que se comercialice es probable que tales candados sen vulnerados, pero la cuestión no es evidenciar que tales taxativas no son perennes.

Lo que se advierte cada vez más, es que por un lado se hacen acuerdos internacionales que cercenan los derechos de los consumidores, como es el caso del ahora famoso Acuerdo Comercial contra la Falsificación, que se complementa de manera estrecha con las tecnologías de protección, como los DRM y demás candados de diversos productos, que terminan por lesionar no sólo aspectos básicos que deben prevalecer en el consumo de una tecnología, sino que violentan derechos elementales de los seres humanos como es el de no ser afectados en su intimidad.

Un ejemplo de estas cuestiones aberrantes la tuvimos el año pasado cuando la tienda Amazon, borró a distancia libros digitalizados legalmente adquiridos por un joven para ser leídos en el Kindle, generando una polémica en Estados Unidos sobre el riesgo que representa el uso de tecnologías DRM y el poder que las medidas técnicas de protección dan a las empresas al comercializar diversos gadgets electrónicos. En el futuro, con el perfeccionamiento de estas tecnologías, las empresas entrarán prácticamente a los domicilios de los usuarios de sus productos y sabrán las condiciones en que viven, lo que consumen en materia de entretenimiento e incluso sus inclinaciones políticas, sus preferencias sexuales y hasta las enfermedades que padece.

Hillary e internet

El día de ayer ofreció un discurso la actual Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien aseveró que el gobierno estadunidense considera un prioridad la defensa de las libertades de los usuarios en la red. Asentó que su nación destinará todos los recursos a su alcance para expandir dichas libertades. Su crítica se centró en los países que ponen taxativas e impiden el libre flujo de las opiniones y que su nación luchará denodadamente a favor del derrumbe de esas murallas electrónicas. Incluso defendió a una de las empresas estadunidense que ha sido aliada de la administración Obama, Google , y señaló que los ataques sufrido por esa firma en China es, prácticamente, una embestida al gobierno mismo de Estados Unidos. Su postura encuadra en lo que se puede denominar la neutralidad de la red.

Nadie que esté a favor de una internet libre puede estar en contra de esto, pero uno tampoco se chupa uno el dedo en lo que expresa el gobierno estadunidense, quien mientras abre ventanas por un lado las cierra en otro. Justo lo que hoy se avecina con el tratado comercial conocido como Acta, que es impuesto por esa nación a los demás países del orbe, va en contra de eso que expresó Clinton, porque la erosión de la intimidad y la privacidad que acompañan al Acta se erigen como murallas contra la libertad de expresión, pueden devenir en un disuasivo que tendrán a la mano los gobiernos para poder cercenar la libertad de expresión.

El Acta toma una ruta que va en sentido contrario de lo que debe entenderse por neutralidad de la red, que por lo visto el gobierno de Obama la entiende según sus conveniencias o con base en las presiones recibidas de la gran industria cultural. No por algo Obama tiene dentro de su equipo a gente cerca de la gran industria cultural como a los procedente de los grandes de la red, con todo trata de quedar bien.

En todo caso, ha quedado claro en esta primera anualidad de Obama en la presidencia de Estados Unidos, ha sobresalido por sus inconsistencias entre supuesto “amante” de las nuevas tecnologías y las verdades del mandatario que es rehén de los grandes grupos de poder de Estados Unidos o que de plano ve que esa es una manera “cómoda” para que Estados Unidos siga perpetuando su hegemonía cultural a escala planetaria.

Queda claro que quienes realmente disfrutaron de la auténtica libertad en la red fueron los pioneros de la misma, incluso quienes nos convertimos en usuarios asiduos de la red en la década pasada también pudimos usufructuar mucho de esa libertad. Hoy que las red cuenta con una serie de interesantes interfaces y que una buena cantidad de usuarios acceden al ciberespacio, cuando se han consolidando nuevas formas de interacción como las redes sociales, adviene un etapa muy oscura en donde el país que la promocionó e impulsó en buena medida ahora le intenta cercenar una faz de lo que la ha caracterizado en sus más de 40 años que tiene de existencia.

Lo que viene con el Acta

Un ejemplo de lo que nos espera en el futuro como usuarios de internet si se aplica en Acta (Acuerdo de Comercio contra la Falsificación) es lo que acaba de dar a conocer el Partido Pirata de Suecia. Es el camino que probablemente se multiplique con la puesta en marcha de taxativas o sanciones a las descargas en línea y la violación de la privacidad de los usuarios.

Acaba de ser lanzado IPREDator, el servicio de red virtual privada (VPN, Virtual Private Network) que fue creado por los administradores de The Pirate Bay. Después de un buen lapso de haber efectuado las pruebas correspondientes, ese proyecto computacional finalmente ha cristalizado y ya se difunden por los pasillos digitales sus cualidades. El servicio tendrá un costo de 15 euros trimestrales por el cual, según sus promotores, se garantiza a quien lo contrate una conexión a internet enteramente cifrada y una navegación anónima.

En Suecia el Partido Pirata pasó a tener problemas con las autoridades de esa nación a raíz de que el año pasado ese país hizo suya la directiva europea IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) que puso contra la pared a dicho sitio y prácticamente debieron cerrarlo. Pero ahora los responsables de The Pirate Bay, al anunciar el lanzamiento de una red virtual privada asociada a un sistema de proxys, vuelve a ser noticia a escala mundial y hace patente que regresa por sus fueros. Su objetivo, con esta invención, según comentan sus creadores es preservar la libertad de los internautas frente a las industrias culturales, quienes tienen la posibilidad de recolectar las direcciones IP de los usuarios que sospechan violan los derechos de autor.

En la práctica lo que IPREDator hará es establecer un túnel de seguridad entre la conexión del usuario y los servidores VPN instalados en Suecia, permitiendo ocultar el tipo de intercambios que se efectúen, las descargas y la navegación de los usuarios. Las ventajas son múltiples: si los cazadores de IP de los grandes consorcios de entretenimiento intentan obtener la dirección IP de un abonado a dicho servicio, obtendrá la del VPN y no la del usuario. En el hipotético caso que la policía decomise los servidores de IPREDator, los servidores de éste no conservarán ningún histórico por lo que no se podrá rastrear a nadie que haya usado sus servicios. Incluso los PSI no podrán saber lo que hace un abonado o si pasa por un VPN.

Para hacer efectivo el VPN el IPREDator debe acompañarlo con otras tecnologías como los protocole TLS (Transport Layer Security) el PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) que es de encapsulamiento y que actualmente es muy usado. Por ello se dice que con IPREDator las conexiones se encapsularán, haciendo imposible saber los archivos que se intercambia o descargan de una página, las sitios por donde navegan o los juegos en línea que juegan los usuarios. Por lo tanto, las autoridades no tienen manera o medio para poder distinguir entre actividades legales e ilegales y les será imposible filtrar correctamente cualquier uso de la red, a menos que se bloquee o impida el uso del un VPN.

A esto es lo que muchos usuarios acudirán en el futuro de aprobarse el Acta, e incluso se corre el riesgo que eso sea más usado por quienes sí hacen piratería, que terminan por lucrar con cierto tipo de descargas. En vez de que la industria cultural ponga en marcha políticas pertinentes para que los productos digitales se vendan a precios sensatos, parece que opta por alimentar mucho más el mercado negro.

Pero además si no hubiera sido el Partido Pirata seguro que cualquier otro grupo o hacker hubiera creado algo similar para navegar anónimamente, aunque a partir del Acta es presumible que pulule un mercado de aplicaciones dedicadas a burlar controles y franquear taxativas que también terminarán por poner en peligro a los mismos PSI.

Acta en México

El tratado internacional conocido como ACTA (Acuerdo de Comercio Contra la Falsificación) de aplicarse cambiará radicalmente el sentido de la red tal como hoy la conocemos. El tratado refuerza de manera desmesurada el poder del copyright (o los derechos de autor que en este caso no tiene ya diferencias sustanciales con aquél), forzará a los PSI (Proveedores de Servicio de Internet) a convertirse en policías de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo las empresas encargadas de prestar el servicio de hosting u hospedaje de contenidos les será imposible verificar recurrentemente lo que promuevan u hospedan sus abonados, amén de que dicho actividad dejará de ser un negocio redituable por las inversión de tiempo en el patrullaje y los riesgos a los cuales se verán expuestos. De igual manera, se impondrá sanciones a los usuarios que violen el copyright e incluso penarlos después de previas advertencias. Además, se autoriza a que los diversos soportes de almacenamiento sean inspeccionados en las fronteras (discos duros, memorias USB, lectores MP3, etcétera). En este caso los medios de almacenamiento que contengan archivos protegidos descargados de manera “ilegal” serán destruidos y sus poseedores se harán acreedores a una multa.
Entre las informaciones que se han conocido del ACTA se encuentra, también, la posibilidad de acceder a los datos personales de un internauta, sospechoso de haber descargado un contenido protegido por las leyes de derecho de autor o copyright sin necesidad de acudir a un juzgado. Un ejemplo de eso ya lo vemos de alguna manera en la legislación francesa con su conocida ley Hadopi.
Las negociaciones en torno al acta ACTA se hacen fuera del todo marco “legal” ya que ninguna organización internacional, por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, lo supervisa. Las pláticas para concretar el ACTA comenzaron en 2006 entre Estados Unidos, la Comisión europea, Suiza y Japón. Posteriormente se unieron a las negociaciones Australia, Canadá, la Unión Europea, Jordania, Marruecos, Nueva Zelanda, Corea, Singapur, Emiratos Árabes y México.
El tratado ha sido negociado en el más puro secreto, de espaldas a los ciudadanos de cada nación que participa en las conversaciones, pero en mayo de 2008 el sitio Wikileaks.org  publicó un documento revelando varios aspectos del acuerdo, pero fue hasta fechas recientes que la opinión pública fue alertada primeramente gracias a la Electronic Frontier Foundation (EFF) y posteriormente por ReadWriteWeb  y un sinfín  de sitios. Es tal la presión que sienten algunos gobiernos por parte de los usuarios de internet e incluso de sectores de la industria, que los de Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, han manifestado su inclinación para que se hagan públicos los documentos y avances de las negociaciones.
Muchos analistas ven en el caso francés con su ley Creación e internet, que dio paso a la conformación de la Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet (Hadopi) y de la readecuación de su legislación hermana Ley de Orientación y Programación para la Seguridad Interior (Loppsi) como el laboratorio para que se dé el siguiente pasó: poner en marcha la aplicación del ACTA. Las reciente iniciativa para legislar el uso de Internet en España, conocida popularmente como Ley de Economía Sostenible y popularmente conocida como Ley Antidescargas, o la controvertida Ley de escuchas de Alemania, la adopción de la Intellectual Property Rights Enforcement Directive por parte de Suecia que ha ocasionado varios efectos negativos en esa nación, o las propuestas del gobierno de Italia de establecer rígidas taxativas en la red, o la Digital Economy Bill en Gran Bretaña, que hacen pensar que se abona el terreno para hacer realidad el ACTA o en su defecto que son la ruta gradual hacia la implementación de la misma. Al menos los cambios o adecuaciones a la propuesta original de esta última normatividad así lo dejan ver. Sin olvidar que para mediados de 2011 todas las normatividades de los países que conforman la Unión Europea deben tener un marco homogéneo para regular las cuestiones relacionadas con los derechos de autor o copyright y ese podría ser el momento en que todas las normatividades se adecuen, previo paso nuevamente por la Eurocámara, a lo demandado por el Acta.
Pero las cosas pueden ir más lejos. Como lo ha mostrado el gobierno italiano, que quiere impulsar un proyecto legislativo para sancionar a la web 2.0 al pedirse, o mejor dicho exigir, a quienes quieran subir un video a YouTube, tener una autorización previa, bajo forma de licencia, con lo cual se trata de cercenar la capacidad que ha dado internet a muchas personas de expresarse y de transparentar muchas acciones del gobierno italiano o incluso de caricaturizarlo.
En lo que se puede ya desde ahora visualizar es que de aprobarse una normatividad tal como se ha difundido hasta ahora, es decir la obligación a los sitios web 2.0 de convertirse en policías, exigirá de facto a la mayor parte de las plataformas de blogs a cerrar, como también sucederá, seguramente, con diversos sitios que ofrecen a los internautas almacenamiento u hospedaje gratuito.

La presión por mayor transparencia
Más allá de las contradicciones que muestran las grandes empresas de la red, al menos Google ha mostrado un interés en que dentro del concepto de neutralidad de la red que maneja, no se afecten a usuarios por el uso que hagan de la red. Google no ve con buenos ojos el ACTA porque choca contra su modelo de negocio. De manera tal que organizó hace unos días una mesa redonda en Washington para debatir en torno a dicho acuerdo. La discusión fue interesante y agitada, ya que se dieron cita representantes de los lobbies y los partidarios de las libertades digitales, en donde se abordaron aspectos legislativos, la economía digital, los problemas éticos que conlleva el Acta, pero sobre todo la falta de transparencia en que se ha desenvuelto. Al final éste aspecto terminó por ser algo demandado y exigido por casi todos los asistentes a dicho encuentro.
El otro aspecto que destacó es algo que se viene mencionando desde tiempo atrás en el sentido que poner en marcha el ACTA implicará, necesariamente, crear un nuevo entramado legal, crear nuevas normatividades que eliminarán preceptos que por antonomasia han dado cierta protección a los usuarios-ciudadanos-consumidores. Y si eso es posible entonces es probable que los cambios no sólo se queden a escala de códigos, sino que pueda alcanzar hasta la misma Carta Magna.
Hasta este momento el ACTA ha dado lugar a seis reuniones de negociación, una más está por efectuarse en México. Cosa asombrosa, la presión a escala internacional parece tener al menos un efecto: la transparencia está a punto de hacerse efectiva en la séptima reunión que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara del 26-29 de junio próximo. E incluso antes de que se lleve a cabo al menos el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) hizo un simulacro de consulta. No se puede decir que eso lleve, realmente, a una mejor discusión de los problemas que están involucrados en el uso de internet, sin embargo puede ser una ventana que se abre para que no sean únicamente los sectores de la industria del entretenimiento o de la industria cultural los únicos en dejar escuchar sus puntos de vista.

Antecedentes necesarios
El 20 de enero el IMPI llevó a cabo una consulta pública para conocer los puntos de vista de los interesados en el ACTA, en donde se dieron cita los representantes de la industria discográfica, cinematográfica, del software y de usuarios de internet, quienes por cierto fueron visto como los patitos feos de la reunión. A pesar de que un día antes de la reunión se había referido que ya no existirían diversas taxativas que estaban enumeradas en el sitio del IMPI, tales como grabadoras, teléfonos celulares, videocámaras, videograbadoras, etcétera, durante la reunión hubo actitudes desafortunadas que ha relatado Alejandro Pisanty, quien ofrece una lectura pormenorizada del evento.
Aún así es confuso, pero alentador, el cambio de actitud del IMPI y de poner más adelante un nuevo formato para poder escuchar a todos los interesados. Se propone que para después que concluyan las negociaciones sobre el ACTA en Guadalajara se programarán mesas de trabajo para tal fin.
Más allá de esto, independientemente del resultado final del Acta lo cierto es que para un país como el nuestro la verdadera piratería, la que se da fuera del circuito digital y del ciberespacio, no será frenada. Entre las mafias locales y las internacionales ese circuito seguirá siendo alimentado e incluso se corre el riesgo de que se incremente, no solo por la situación económica que vive el país, sino por la poca disposición de la industria cultural de vender sus productos a precios razonables, acordes con la realidad de la economía nacional.
Pero además, mucho me temo que el diálogo con el IMPI no termine de buena manera, porque es presa del enorme poder fáctico de la industria cultural local e internacional. Amén de eso la intolerancia de la industria a escuchar puntos de vista diferentes, que carecen de una disposición democrática para entender que en los temas que se dicen ser de interés nacional deben ventilarse pública y abiertamente por todos los interesados, de la mano de un verdadero ejercicio de transparencia.
La herencia de más de 70 años de autoritarismo revolucionario aún pervive en muchas estructuras “públicas” de este país que no han entendido, para nada, lo que es la rendición de cuentas, demostrando la urgente necesidad de que organismos como el IMPI también se adecuen a los tiempos que corren, que se encuadren en una normatividad que regule su actuación de cara a la ciudadanía.

Camino a la aprobación del Acta

El próximo 25 de enero México será sede de la reunión sobre el Acta (Acuerdo de Comercio contra la falsificación). El anfitrión será el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, quien ha invitado a una consulta pública que más que un ejercicio plural es una farsa, que se da entre taxativas y censura que impiden una participación libre de los interesados en este tema, amén de que se ha negado a dar a conocer los documentos emanados de las negociaciones del Acta.

Los promotores del Acta han querido ubicar la discusión de manera maniquea ente dos bandos: los que quieren acabar con los derechos de propiedad intelectual y/o de autor y los que quieren preservarlo. Cuestión absurda y reduccionista porque la problemática es mucho más compleja y no refleja el fondo del problema.

Puede que exista un sector que partiendo de una libertad mal entendida crean que nada debe costar a nadie porque piensan que “todo es de todos” y opten por invitar a los usuarios de internet a luchar contra los poderosos en virtud de un etéreo principio anarcosocialista basado en la idea de que no merecen tener lo que poseen y que ningún producto cultural debe ser pagado. Pero hay otro sector, amplio e importante, que piensa que derechos de autor, nuevas tecnologías, derechos del consumidor y privacidad son indisociables.

El sistema de derechos de autor y de propiedad intelectual, pese a sus inconvenientes, es la mejor vía para proteger los intereses y derechos de los creadores, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Pero para que eso sea una realidad, es necesario respetar los derechos de los consumidores y que no sean únicamente las grandes transnacionales las beneficiarias del desarrollo tecnológico o las caducas organizaciones que dicen defender los derechos de los creadores, pero que viven de manera parasitaria de los mismos, o de organismos que en vez de representar el interés de los mexicanos personifican el de las grandes industrias.

Será el Senado de la República quien tendrá en sus manos la aprobación o modificación del Acta para México, pero hasta ahora ni esa instancia ha recibido alguna información al respecto por parte del Ejecutivo o del IMPI, lo que refiere que todo sigue manejándose en lo oscurito y a favor de las grandes empresas transnacionales del entretenimiento.

Publicado en el periódico Milenio