iPad y violación a la privacidad
jueves 28 de enero de 2010
Hillary e internet
viernes 22 de enero de 2010
Lo que viene con el Acta
Un ejemplo de lo que nos espera en el futuro como usuarios de internet si se aplica en Acta (Acuerdo de Comercio contra la Falsificación) es lo que acaba de dar a conocer el Partido Pirata de Suecia. Es el camino que probablemente se multiplique con la puesta en marcha de taxativas o sanciones a las descargas en línea y la violación de la privacidad de los usuarios.
Acaba de ser lanzado IPREDator, el servicio de red virtual privada (VPN, Virtual Private Network) que fue creado por los administradores de The Pirate Bay. Después de un buen lapso de haber efectuado las pruebas correspondientes, ese proyecto computacional finalmente ha cristalizado y ya se difunden por los pasillos digitales sus cualidades. El servicio tendrá un costo de 15 euros trimestrales por el cual, según sus promotores, se garantiza a quien lo contrate una conexión a internet enteramente cifrada y una navegación anónima.
En Suecia el Partido Pirata pasó a tener problemas con las autoridades de esa nación a raíz de que el año pasado ese país hizo suya la directiva europea IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) que puso contra la pared a dicho sitio y prácticamente debieron cerrarlo. Pero ahora los responsables de The Pirate Bay, al anunciar el lanzamiento de una red virtual privada asociada a un sistema de proxys, vuelve a ser noticia a escala mundial y hace patente que regresa por sus fueros. Su objetivo, con esta invención, según comentan sus creadores es preservar la libertad de los internautas frente a las industrias culturales, quienes tienen la posibilidad de recolectar las direcciones IP de los usuarios que sospechan violan los derechos de autor.
En la práctica lo que IPREDator hará es establecer un túnel de seguridad entre la conexión del usuario y los servidores VPN instalados en Suecia, permitiendo ocultar el tipo de intercambios que se efectúen, las descargas y la navegación de los usuarios. Las ventajas son múltiples: si los cazadores de IP de los grandes consorcios de entretenimiento intentan obtener la dirección IP de un abonado a dicho servicio, obtendrá la del VPN y no la del usuario. En el hipotético caso que la policía decomise los servidores de IPREDator, los servidores de éste no conservarán ningún histórico por lo que no se podrá rastrear a nadie que haya usado sus servicios. Incluso los PSI no podrán saber lo que hace un abonado o si pasa por un VPN.
Para hacer efectivo el VPN el IPREDator debe acompañarlo con otras tecnologías como los protocole TLS (Transport Layer Security) el PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) que es de encapsulamiento y que actualmente es muy usado. Por ello se dice que con IPREDator las conexiones se encapsularán, haciendo imposible saber los archivos que se intercambia o descargan de una página, las sitios por donde navegan o los juegos en línea que juegan los usuarios. Por lo tanto, las autoridades no tienen manera o medio para poder distinguir entre actividades legales e ilegales y les será imposible filtrar correctamente cualquier uso de la red, a menos que se bloquee o impida el uso del un VPN.
A esto es lo que muchos usuarios acudirán en el futuro de aprobarse el Acta, e incluso se corre el riesgo que eso sea más usado por quienes sí hacen piratería, que terminan por lucrar con cierto tipo de descargas. En vez de que la industria cultural ponga en marcha políticas pertinentes para que los productos digitales se vendan a precios sensatos, parece que opta por alimentar mucho más el mercado negro.
Pero además si no hubiera sido el Partido Pirata seguro que cualquier otro grupo o hacker hubiera creado algo similar para navegar anónimamente, aunque a partir del Acta es presumible que pulule un mercado de aplicaciones dedicadas a burlar controles y franquear taxativas que también terminarán por poner en peligro a los mismos PSI.
Acta en México
jueves 21 de enero de 2010
Entre las informaciones que se han conocido del ACTA se encuentra, también, la posibilidad de acceder a los datos personales de un internauta, sospechoso de haber descargado un contenido protegido por las leyes de derecho de autor o copyright sin necesidad de acudir a un juzgado. Un ejemplo de eso ya lo vemos de alguna manera en la legislación francesa con su conocida ley Hadopi.
Las negociaciones en torno al acta ACTA se hacen fuera del todo marco “legal” ya que ninguna organización internacional, por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, lo supervisa. Las pláticas para concretar el ACTA comenzaron en 2006 entre Estados Unidos, la Comisión europea, Suiza y Japón. Posteriormente se unieron a las negociaciones Australia, Canadá, la Unión Europea, Jordania, Marruecos, Nueva Zelanda, Corea, Singapur, Emiratos Árabes y México.
El tratado ha sido negociado en el más puro secreto, de espaldas a los ciudadanos de cada nación que participa en las conversaciones, pero en mayo de 2008 el sitio Wikileaks.org publicó un documento revelando varios aspectos del acuerdo, pero fue hasta fechas recientes que la opinión pública fue alertada primeramente gracias a la Electronic Frontier Foundation (EFF) y posteriormente por ReadWriteWeb y un sinfín de sitios. Es tal la presión que sienten algunos gobiernos por parte de los usuarios de internet e incluso de sectores de la industria, que los de Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, han manifestado su inclinación para que se hagan públicos los documentos y avances de las negociaciones.
Muchos analistas ven en el caso francés con su ley Creación e internet, que dio paso a la conformación de la Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet (Hadopi) y de la readecuación de su legislación hermana Ley de Orientación y Programación para la Seguridad Interior (Loppsi) como el laboratorio para que se dé el siguiente pasó: poner en marcha la aplicación del ACTA. Las reciente iniciativa para legislar el uso de Internet en España, conocida popularmente como Ley de Economía Sostenible y popularmente conocida como Ley Antidescargas, o la controvertida Ley de escuchas de Alemania, la adopción de la Intellectual Property Rights Enforcement Directive por parte de Suecia que ha ocasionado varios efectos negativos en esa nación, o las propuestas del gobierno de Italia de establecer rígidas taxativas en la red, o la Digital Economy Bill en Gran Bretaña, que hacen pensar que se abona el terreno para hacer realidad el ACTA o en su defecto que son la ruta gradual hacia la implementación de la misma. Al menos los cambios o adecuaciones a la propuesta original de esta última normatividad así lo dejan ver. Sin olvidar que para mediados de 2011 todas las normatividades de los países que conforman la Unión Europea deben tener un marco homogéneo para regular las cuestiones relacionadas con los derechos de autor o copyright y ese podría ser el momento en que todas las normatividades se adecuen, previo paso nuevamente por la Eurocámara, a lo demandado por el Acta.
Pero las cosas pueden ir más lejos. Como lo ha mostrado el gobierno italiano, que quiere impulsar un proyecto legislativo para sancionar a la web 2.0 al pedirse, o mejor dicho exigir, a quienes quieran subir un video a YouTube, tener una autorización previa, bajo forma de licencia, con lo cual se trata de cercenar la capacidad que ha dado internet a muchas personas de expresarse y de transparentar muchas acciones del gobierno italiano o incluso de caricaturizarlo.
En lo que se puede ya desde ahora visualizar es que de aprobarse una normatividad tal como se ha difundido hasta ahora, es decir la obligación a los sitios web 2.0 de convertirse en policías, exigirá de facto a la mayor parte de las plataformas de blogs a cerrar, como también sucederá, seguramente, con diversos sitios que ofrecen a los internautas almacenamiento u hospedaje gratuito.
Más allá de las contradicciones que muestran las grandes empresas de la red, al menos Google ha mostrado un interés en que dentro del concepto de neutralidad de la red que maneja, no se afecten a usuarios por el uso que hagan de la red. Google no ve con buenos ojos el ACTA porque choca contra su modelo de negocio. De manera tal que organizó hace unos días una mesa redonda en Washington para debatir en torno a dicho acuerdo. La discusión fue interesante y agitada, ya que se dieron cita representantes de los lobbies y los partidarios de las libertades digitales, en donde se abordaron aspectos legislativos, la economía digital, los problemas éticos que conlleva el Acta, pero sobre todo la falta de transparencia en que se ha desenvuelto. Al final éste aspecto terminó por ser algo demandado y exigido por casi todos los asistentes a dicho encuentro.
El otro aspecto que destacó es algo que se viene mencionando desde tiempo atrás en el sentido que poner en marcha el ACTA implicará, necesariamente, crear un nuevo entramado legal, crear nuevas normatividades que eliminarán preceptos que por antonomasia han dado cierta protección a los usuarios-ciudadanos-consumidores. Y si eso es posible entonces es probable que los cambios no sólo se queden a escala de códigos, sino que pueda alcanzar hasta la misma Carta Magna.
Hasta este momento el ACTA ha dado lugar a seis reuniones de negociación, una más está por efectuarse en México. Cosa asombrosa, la presión a escala internacional parece tener al menos un efecto: la transparencia está a punto de hacerse efectiva en la séptima reunión que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara del 26-29 de junio próximo. E incluso antes de que se lleve a cabo al menos el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) hizo un simulacro de consulta. No se puede decir que eso lleve, realmente, a una mejor discusión de los problemas que están involucrados en el uso de internet, sin embargo puede ser una ventana que se abre para que no sean únicamente los sectores de la industria del entretenimiento o de la industria cultural los únicos en dejar escuchar sus puntos de vista.
El 20 de enero el IMPI llevó a cabo una consulta pública para conocer los puntos de vista de los interesados en el ACTA, en donde se dieron cita los representantes de la industria discográfica, cinematográfica, del software y de usuarios de internet, quienes por cierto fueron visto como los patitos feos de la reunión. A pesar de que un día antes de la reunión se había referido que ya no existirían diversas taxativas que estaban enumeradas en el sitio del IMPI, tales como grabadoras, teléfonos celulares, videocámaras, videograbadoras, etcétera, durante la reunión hubo actitudes desafortunadas que ha relatado Alejandro Pisanty, quien ofrece una lectura pormenorizada del evento.
Aún así es confuso, pero alentador, el cambio de actitud del IMPI y de poner más adelante un nuevo formato para poder escuchar a todos los interesados. Se propone que para después que concluyan las negociaciones sobre el ACTA en Guadalajara se programarán mesas de trabajo para tal fin.
Más allá de esto, independientemente del resultado final del Acta lo cierto es que para un país como el nuestro la verdadera piratería, la que se da fuera del circuito digital y del ciberespacio, no será frenada. Entre las mafias locales y las internacionales ese circuito seguirá siendo alimentado e incluso se corre el riesgo de que se incremente, no solo por la situación económica que vive el país, sino por la poca disposición de la industria cultural de vender sus productos a precios razonables, acordes con la realidad de la economía nacional.
Pero además, mucho me temo que el diálogo con el IMPI no termine de buena manera, porque es presa del enorme poder fáctico de la industria cultural local e internacional. Amén de eso la intolerancia de la industria a escuchar puntos de vista diferentes, que carecen de una disposición democrática para entender que en los temas que se dicen ser de interés nacional deben ventilarse pública y abiertamente por todos los interesados, de la mano de un verdadero ejercicio de transparencia.
La herencia de más de 70 años de autoritarismo revolucionario aún pervive en muchas estructuras “públicas” de este país que no han entendido, para nada, lo que es la rendición de cuentas, demostrando la urgente necesidad de que organismos como el IMPI también se adecuen a los tiempos que corren, que se encuadren en una normatividad que regule su actuación de cara a la ciudadanía.
Camino a la aprobación del Acta
sábado 16 de enero de 2010
El próximo 25 de enero México será sede de la reunión sobre el Acta (Acuerdo de Comercio contra la falsificación). El anfitrión será el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, quien ha invitado a una consulta pública que más que un ejercicio plural es una farsa, que se da entre taxativas y censura que impiden una participación libre de los interesados en este tema, amén de que se ha negado a dar a conocer los documentos emanados de las negociaciones del Acta.
Los promotores del Acta han querido ubicar la discusión de manera maniquea ente dos bandos: los que quieren acabar con los derechos de propiedad intelectual y/o de autor y los que quieren preservarlo. Cuestión absurda y reduccionista porque la problemática es mucho más compleja y no refleja el fondo del problema.
Puede que exista un sector que partiendo de una libertad mal entendida crean que nada debe costar a nadie porque piensan que “todo es de todos” y opten por invitar a los usuarios de internet a luchar contra los poderosos en virtud de un etéreo principio anarcosocialista basado en la idea de que no merecen tener lo que poseen y que ningún producto cultural debe ser pagado. Pero hay otro sector, amplio e importante, que piensa que derechos de autor, nuevas tecnologías, derechos del consumidor y privacidad son indisociables.
El sistema de derechos de autor y de propiedad intelectual, pese a sus inconvenientes, es la mejor vía para proteger los intereses y derechos de los creadores, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Pero para que eso sea una realidad, es necesario respetar los derechos de los consumidores y que no sean únicamente las grandes transnacionales las beneficiarias del desarrollo tecnológico o las caducas organizaciones que dicen defender los derechos de los creadores, pero que viven de manera parasitaria de los mismos, o de organismos que en vez de representar el interés de los mexicanos personifican el de las grandes industrias.
Será el Senado de la República quien tendrá en sus manos la aprobación o modificación del Acta para México, pero hasta ahora ni esa instancia ha recibido alguna información al respecto por parte del Ejecutivo o del IMPI, lo que refiere que todo sigue manejándose en lo oscurito y a favor de las grandes empresas transnacionales del entretenimiento.
Publicado en el periódico Milenio





