La lucha por los semiconductores

 

El libro Silicon Triangle (shre.ink/gRsI) es un análisis amplio de la manera en que se interconectan los aspectos económicos, políticos y geopolíticos en la producción de semiconductores. En particular el libro explora esa situación que vive Estados Unidos respecto a Taiwán y China en el contexto de la seguridad global y el papel que juegan las nuevas tecnologías, en particular los semiconductores. La obra fue coordinada a tres teclados por Larry Diamond, James O. Ellis Jr. y Orville Schell, en donde convergen análisis sobre tecnología, economía, estrategia militar, industria y política. La obra es el resultado de las deliberaciones y análisis de un grupo de trabajo multidisciplinario conformado por tecnólogos, economistas, estrategas militares, actores de la industria y expertos en políticas regionales. A lo largo de 18 meses este grupo trabajó para analizar la dinámica de la cadena de suministro global en semiconductores.

Debemos recordar que los semiconductores son el ingrediente fundamental de los chips, son como el barro que se usa para moldear las piezas de cerámica. Sin ellos, los chips, esos componentes electrónicos que impulsan nuestros dispositivos, simplemente no existirían. Hoy día la batalla está en la producción de semiconductores, que se dividen en intrínsecos y extrínsecos, pero son los segundos los más utilizados en la inteligencia artificial (IA) y Taiwán Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) es la líder en este campo.

Estos semiconductores permiten que se pueda ajustar la conductividad y crear dispositivos complejos por lo cual son ideales en la producción y dominio de los circuitos integrados avanzados, esenciales para el desarrollo de tecnologías de punta como la IA, la computación en la nube y la internet de las cosas; además, son clave para las cuestiones de seguridad, amén de ser significativos desde el punto de vista económico, al ser estratégicos para desarrollar productos innovadores y competitivos en los mercados globales.

El libro está centrado en la importancia de los semiconductores en la economía global y su papel en la seguridad nacional de Estados Unidos, son el factor esencial en la lucha que mantiene ese país con China por la hegemonía en el campo de la IA. El libro refiere que la dependencia de Taiwán para producir semiconductores y la creciente presión china sobre esa pequeña nación para controlarla directamente es un desafío para la seguridad global. Para abordar ese problema, los autores ofrecen una serie de recomendaciones para que Estados Unidos y aliados aseguren una cadena de suministro confiable de semiconductores.

Para comprender lo complicada que es la cadena de suministro, de la logística endiablada que eso conlleva citemos a los autores: «ningún país tiene ahora una cadena de suministro de chips completamente autónoma. […] cada ciclo de producción ahora implica una colaboración multinacional extremadamente compleja. Las herramientas y el diseño de software se realizan en gran medida en Estados Unidos. Las herramientas de fabricación extremadamente sofisticadas, como las máquinas de litografía, se producen principalmente en Estados Unidos, Países Bajos y Japón. La fabricación y el embalaje se efectúan en Taiwán y Corea. Las pruebas se realizan en gran medida en China y el sudeste asiático, y el ensamblaje de dispositivos terminados se centra predominantemente en China, junto con alguna migración reciente a Vietnam e India».

En tal sentido, los autores señalan que Estados Unidos deben diversificar su cadena de suministro de semiconductores, reducir su dependencia de Taiwán y China, y aumentar su producción doméstica de semiconductores extrínsecos; pero al mismo tiempo, debe fortalecer su cooperación con Taiwán en el ámbito de la fabricación de semiconductores, incluyendo colaboraciones en investigación y desarrollo, intercambio de personal y evaluaciones conjuntas de vulnerabilidades en la cadena de suministro.

De igual manera, los autores reconocen que si bien es necesario no depender tanto de Taiwán por ahora es un socio estratégico, y lo es porque el sistema de fundición ultramoderno y bien administrado de Taiwán ha permitido a esa nación producir más del 90 por ciento de los chips lógicos de vanguardia del mundo y más del 20 por ciento de sus chips heredados, que en conjunto contribuyen a casi el 40% del incremento agregado de potencia computacional del mundo cada año. Debe recordarse que los chips lógicos realizan operaciones complejas, mientras que los heredados tienen funciones específicas y limitadas: mientras los lógicos se diseñan para realizar operaciones complejas y son más eficientes, los heredados son específicos para aplicaciones antiguas y menos eficientes. Por eso la IA usa principalmente los chips lógicos, los diseñados para procesamiento de información compleja y aprendizaje automático.

Por tal aspecto es que los autores recomiendan que al mismo tiempo Estados Unidos trabaje en detener la agresión china hacia Taiwán, incluyendo la venta de armas y la coordinación de entrenamiento entre fuerzas militares en el Indo-Pacífico; también se debe desarrollar una estrategia integral de seguridad que abarque la producción, el comercio y la defensa, para asegurar la continuidad de la cadena de suministro de semiconductores.

El fuerte del libro está en manejar un enfoque interdisciplinario, en donde se combinan los análisis tecnológicos, económicos, las cuestiones de estrategia militar y la política regional. Los autores presentan un análisis detallado y bien documentado de la situación actual y ofrecen recomendaciones prácticas y realistas para abordar los desafíos que enfrenta la seguridad global de los semiconductores.

Sin embargo, el libro también tiene algunas debilidades. Algunos lectores pueden encontrar que el texto es demasiado técnico y especializado, que puede ser difícil de seguir para quienes no tienen un conocimiento previo en los temas abordados. Además, aunque el libro ofrece recomendaciones detalladas, no proporciona un plan de acción claro y específico para implementarlo.

Como es característico en este tipo de obras, el análisis se centra en la perspectiva estadounidense, no se hace un análisis crítico de la industria de Taiwán y China, las posturas y estrategias que los chinos toman al respecto, tampoco aborda las implicaciones éticas y sociales de la dependencia de los semiconductores y de la misma batalla que se libra por la hegemonía en ese sector. Además, no se abordan los efectos que esa disputa tiene en otras zonas del orbe. Asimismo, se dejan de lado las erráticas políticas industriales de Estados Unidos que en medio del frenesí de la globalización de los años sesenta y setenta del siglo pasado, llevó a las grandes tecnológicas a exportar su know how a China con el fin de fabricar productos a un menor costo de producción pero eso terminó fortaleciendo competitivamente a China. El impacto de los semiconductores y la disputa por la IA es el resultado de esas erráticas políticas.

@tulios41

Publicado en La Jornada Morelos 

https://www.lajornadamorelos.mx/opinion/la-caza-digital-72/

Las batallas de X

 

Como se sabe el 8 de enero de 2023 una turba de partidarios del otrora presidente brasileño Jair Bolsonaro, irrumpieron en el Congreso, el Palacio de Planalto y el Tribunal Supremo, demandando que Bolsonaro fuera reinstaurado como presidente y se destituyera al hoy presidente, Lula da Silva. Ese violento suceso —copia de lo sucedido en el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021— fue condenado por amplios sectores en la sociedad brasileña y se tipificó como intento de golpe de Estado. En tal escenario las redes sociales tuvieron un papel destacado, particularmente X, tanto en la organización y promoción de las protestas y los mismos actos violentos ocurridos en Brasil.

Ese es el contexto en el que se ubica la decisión más reciente del magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, de suspender temporalmente el servicio de X en Brasil. Posterior a esa invasión de los edificios de los diversos poderes de Brasil ya referidos, se desprendieron una serie de investigaciones y requerimientos a X para que eliminara perfiles y mensajes de determinada personas, cuestiones que fueron no solo incumplidas sino atacadas por el dueño de X.

Elon Musk respondió, cual su estilo, con exabruptos y elevando la apuesta, cerró sus oficinas en Brasil y se negó a acatar las medidas. Sin embargo, como es característico de él (ya que no traga ácido sulfúrico ni es imbécil), posteriormente empezó a cambiar de postura y se dijo dispuesto a dialogar con las autoridades para acatar los requerimientos, entre las cuales están también las multas, que se han hecho a su empresa. Entre más tiempo pase sin solventar eso sus empresas pierden más dinero.

Mal hicieron quienes celebraron las posturas de Musk y lo enaltecieron como la quintaesencia de la libertad de expresión, pero también errónea fue la postura de los fundamentalistas que ven en Musk la encarnación del averno y se inclinaron a celebrar la medida de las autoridades judiciales brasileñas, considerándola impoluta y democrática, pero pasaron por alto los desatinos, desconocimientos de las autoridades brasileñas en la manera de operar de las tecnologías digitales y, de paso, violentar los derechos de los usuarios.  

Para nadie es un secreto que las Big Tech son buenas en eso de no respetar leyes en diversos países. Un argumento común, que en diversos momentos sí les valió, fue que las sanciones y decisiones judiciales en otras naciones no eran válidas por la carencia de jurisdicción: sus domicilios fiscales estaban fuera de dicha nación, o en su defecto que las filiales registradas fuera de Estados Unidos no tenían relación con la empresa principal que administra dicha firma de internet. Esa situación prácticamente se ha solventado en la inmensa mayoría de países que han hecho obligatorio tener representación legal, tal como lo evidencia la nueva legislación europea de plataformas digitales: la Ley de Servicios Digitales.

En Brasil la confrontación resulto disonante porque el dueño de X, Elon Musk, se enfrascó directamente en una disputa verbal con los jueces, cuestionó la integridad de la misma justicia brasileña y se burló de ella. Fue un auténtico desafío, pero es cierto que la medida de la autoridad judicial de suspender totalmente un servicio fue desproporcionada porque afectó a todos los usuarios de X en Brasil, la mayoría no tenían o no estaba vinculada con la decisión judicial inicial.

En el afán de que X entregara los datos y bloqueara a determinadas personas, usuarios de la misma, se afectaron a millones de personas que no tenían nada que ver con tales actos sancionados. Pero eso tampoco sirvió para hacer que los usuarios comprendieran el valor del respeto de las normatividades, que acataran la sentencia porque la gente se volcó a usar los servicios de VPN; a raíz de la prohibición el uso de VPN en Brasil se disparó de manera notoria: tuvo un incremento de 1600% en pocos días (shre.ink/gwg3). Cuestión que refleja el rechazo de usuarios a la censura y su deseo de acceder a X, que la misma es una plataformas de comunicación que les es necesaria.

Sin embargo, el affaire X en Brasil tiene otras implicaciones porque lleva a cuestionarse si para una empresa es obligatorio dar respuesta positiva a todo requerimiento o prohibición que le haga una autoridad judicial, independientemente del tipo de gobierno o régimen que se trate, o debe de hacerlo sólo cuando emanen de un gobierno democrático. Por un lado, está la cuestión de si es válido, si su sentencia está fundada. Pero no solo eso, es fundamental que quien sanciona tenga la capacidad de considerar los efectos técnicos y prácticos de las medidas que desea implementar, porque en el caso de un ecosistema de comunicación digital cualquier medida que se tome se traduce en consecuencias directas e indirectas, de derivas que tienen múltiples consecuencias no deseadas en la comunicación de las personas.

La negativa de X a cumplir las órdenes judiciales ha sido interpretada por algunos analistas como una decisión política de Musk, más que una preocupación genuina por la libertad de expresión. Esto tiene sentido cuando vemos que tiene abiertos varios litigios en distintos de Europa, pero en donde sí ha decidido litigar las demandas. Es decir, Musk tiene en su radar distintas maneras de proceder, dependiendo del país que lo sancione.  

Más allá de eso, también es cierto que la justificación de las autoridades brasileñas para bloquear VPNs a menudo se basa en razones de seguridad nacional o control de contenidos, dichas medidas violentan los derechos humanos de las personas: para empezar violenta el derecho a la privacidad, ya que la idea de sancionar a quienes usen las VPNs equivale a monitorear a los usuarios y violentar derechos de privacidad; afecta la libertad de expresión e impide que las personas puedan acceder a información y la capacidad de expresarse libremente en línea. Además, las mismas autoridades brasileñas vieron que eran medidas absurdas —como lo fueron en su momento también contra WhatsApp—, se dieron cuenta de la dificultad y la ineficacia de bloquear el acceso a X vía VPNs, optaron por recular y ya no aplicar la medida. Sin olvidar que la medida generó críticas a nivel nacional e internacional, lo que pudo influir también en la decisión de revocarla.

A medida que el caso de X en Brasil siga en desarrollo, porque eso aún no concluye, sigue vigente la reflexión del tema sobre la importancia de la libertad de expresión, la responsabilidad de los actores privados en la esfera pública global, el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos, la importancia de actualizarlos de cara a los avances tecnológicos, y el papel mismo de justicia en la aplicación de la ley y los retos que enfrenta en esa tarea (shre.ink/gwge).

* @tulios41

Publicado en La Jornada Morelos: https://www.lajornadamorelos.mx/opinion/la-caza-digital-71/

Políticas de conexión

Las políticas de penetración de internet y la eficacia de las mismas en nuestro país ha sido algo más propio de la ficción que de la realidad. A lo largo de los años se han acumulado inversiones millonarias y fracasos notorios. El arribo de Vicente Fox a la presidencia no solo marco la alternancia al poder en nuestro país, sino también el primer esfuerzo de conexión a internet como política pública. Con Fox nació el Sistema Nacional e-México, con el fin de propiciar la incorporación de México a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. La plataforma de conexión fueron los malogrados centros comunitarios digitales, distribuidos a los largo del país. Pobres resultados y un manejo poco claro sobresalieron en ese programa, que tenía la intención de potenciar el uso de Internet sobre todo en el tema de educación. El proyecto fracasó, pues al final del sexenio foxista, la cobertura de Internet quedó muy lejos de las proyecciones.

Con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia no solo se recortó considerablemente el presupuesto a e-México, sino que modificó el otro programa estrella del sexenio foxista, Enciclomedia, que se transformó en Habilidades Digitales para Todos. Lo absurdo fue que hasta el último año del sexenio de Calderón, se lanzara su proyecto de Agenda Digital, que era propiamente su propuesta de conexión a internet para que México se situara entre los países mejor conectados en el orbe. Desde el arranque no se establecieron los objetivos precisos y su cobertura, lo que al final se tradujo en que al concluir el sexenio calderonista el programa quedara en el olvido y pasara sin pena ni gloria.

Con la llegada de Enrique Peña Nieto se puso en marcha, en 2013, la Estrategia Digital Nacional, el plan para digitalizar los servicios del gobierno, incrementar la conectividad a internet y concretar el proyecto de datos gubernamentales abiertos. El programa dedicado a ofrecer conectividad fue México Conectado, que tuvo el objetivo de conformar 250 mil sitios públicos de conectividad, como escuelas, hospitales y dependencias de gobierno; con los recortes sufridos durante el sexenio la meta se redujo a menos de la mitad de sitios públicos con conectividad; aspecto que tampoco se cumplió. México Conectado quedó como uno más de los esfuerzo fallidos que se han impulsado en México para lograr que el grueso de la población mexicana se conecte a internet.

Con la reciente administración encabezada por López Obrador se puso en marcha el programa Internet para Todos, que tiene el objetivo de conectar a los 50 millones de mexicanos que aún no cuentan con conexión en el país. Para eso ha destinado un poco más de 516 millones de pesos, que a ojos de diversos especialistas es insuficiente. El pasado 11 de marzo la CFE publicó las prebases de la licitación de la Red Troncal, mediante la cual se concesionarán 50 mil kilómetros de fibra óptica para conectar a 8 mil 535 sitios como escuelas, hospitales, parques públicos, edificios federales. El ganador de dicha licitación deberá invertir unos 30 mil millones de pesos, además deberá proporcionar internet gratuito en plazas, escuelas, centros de salud y otros sitios públicos.

La cuestión es ver si hay interesados en la licitación, ya que para las empresas significa invertir altas sumas en una infraestructura para zonas en donde no hay mercado para sus productos por ser las regiones más pobres del país. Hoy sabemos que el ingreso de México a la sociedad de la información no se logrará por establecerlos en programas de gobierno, buenas intenciones ni trasladando las funciones públicas a la iniciativa privada. Se requiere un programa robusto, realista que cuente con una sólida agenda, plazos específicos, objetivos concretos, mecanismos confiables de medición. Cuestiones de las cuales carece por ahora Internet para Todos.

Redes opacas

Rebeca Mackinon, refiere que la vida pública en la actualidad no puede ser concebida sin las redes sociales, son las que permiten a los ciudadanos empoderarse informativamente y difundir sus puntos de vista y postura políticas. Las redes sociales permiten a los ciudadanos de diversas partes del orbe franquear el control informativo que ejercen los medios convencionales de comunicación. 

No cabe duda que las redes sociales son grandes instrumentos de comunicación y de expresión pública, lo que se expresa en que en diversas circunstancias modulen la agenda pública de varias naciones.
 

Sin embargo, no se falta a la verdad al decir que las mismas  también tienen criterios opacos, poco transparente, los cuales se expresan cuando cancelan cuentas de usuarios por considerarlos violatorios de los acuerdos o reglamentos estipulados por dichas redes sociales, pero que en muchos casos no queda clara dicha cancelación, si realmente es debido a eso o a sus contenidos que en ocasiones contravienen las posturas del gobierno estadounidense, o intereses de otra índole articulados a las actuaciones "neutrales" de sus algoritmos.

Por eso la misma Mackinon está consciente que estas redes sociales se han vuelto grandes poderes fácticos globales, que no rinden cuentas a los ciudadanos en donde operan, que incluso terminan por violentar las leyes de las naciones en donde son usadas y pueden otorgar o cancelar la palabra a las personas. 

Sin olvidar que en muchos casos dichas redes evaden el pago de sus contribuciones fiscales de la mano de la condescendencia de gobiernos timoratos, que no entienden que la equidad empieza porque el piso en materia de contribución tributaria tiene que ser parejo.

La era de la posverdad

El concepto de "posverdad" se empezó a popularizar en 2016 con el Brexit y el pasado proceso electoral estadunidense. En ambos casos, los rumores y las fake news al parecer fueron más importantes para millones de personas que las noticias verídicas.
Como constancia de su efecto, ese mismo año el Diccionario Oxford incluyó el término posverdad como una de las palabras del año, destacando que el término describe cómo las noticias falsas terminan por modelar el imaginario colectivo, al afectar las conductas sociales. La posverdad define una tendencia psicosocial, en donde las emociones y las ideas personales pesan más que los hechos objetivos para valorar un acontecimiento.
Pero el mismo término “noticias falsas”, que para muchos es una invención anglosajona, e incluso sin rubor alguno el mismo Donald Trump lo reivindica como propio, en realidad ya se usaba mucho antes de 2016 en Rusia y Ucrania, y designaba la creación de un texto de ficción y que fingía ser un trabajo periodístico para esparcir la confusión sobre un hecho concreto y desacreditar al periodismo en sí.
¿Por qué sucede esto en la red de forma tan intensa? La respuesta de Pierre Rosanvallon, es que internet es la manifestación clara de lo que es la opinión: una expresión caótica que funciona por imitación y propagación. El ciberespacio refleja que la opinión es un proceso ingobernable, incoherente y no unificado, lo que es propicio para circular noticias falsas y dar vida a la era de la posverdad.
De hecho, para muchos usuarios el año 2016 fue el del desencanto con internet y las redes sociales, todas sus virtudes alabadas hasta hacía poco para potenciar la democracia quedaron cercenadas por el tumulto de noticias falsas que se multiplicaron a lo largo de dicha anualidad. Se hizo notorio para un gran sector de usuarios de internet que la misma no es la expresión coordinada, unificada del sentimiento colectivo y democrático que pensaban los tecnoutopistas de los años ochenta y noventa del siglo pasado.
No es nuevo que la mentira y la desinformación sean habituales en situaciones de difusión de contenidos políticos, pero no tenían ese potencial de seducción que tienen hoy. Es sabido que las contiendas electorales no tienen mucho que ver con la defensa de intereses, sino con apelar a las emociones de los electores. No obstante, eso estaba hasta cierto punto contenido como resultado de que el periodismo moderno jugaba el papel de intermediario eficaz entre políticos, partidos, el gobierno y la población. Pero eso se acabó con la masificación de internet, en donde no hay filtros o intermediarios para poder publicar lo que se desea.
A eso se agrega, como lo corroboran diversos estudios, que la gente ya no confía en los medios de comunicación convencionales, lo que genera una “crisis de la verdad” noticiosa, dando como resultado que las personas confíen más en lo que comentan con sus pares: amigos o contactos en las redes sociales.
La confianza en los medios se ha erosionado: las personas consideran, en muchos casos con justa razón, que los mismos están más inclinados a intereses políticos y a defender sus proyectos particulares, que en servir informativamente a la sociedad. Además, esa desconfianza de las personas con los medios de comunicación es alimentada por los propios medios, cuando en el afán de nutrir sus espacios o atraer lectores, se adhieren a lo que proponen delirantes algoritmos de las redes sociales, en donde en vez de verificar y contrastar lo que retoman de dichos espacios digitales se tornan en cajas de resonancia de hechos falsos o tergiversados, y los destacan como si fuera un hecho noticioso relevante, pero generando en el imaginario colectivo la percepción de que todo lo que sucede en el ciberespacio tiene certificado de veracidad o es de valía informativa.
No olvidemos que las noticias falsas se propagan por varias cuestiones: para generar ingresos, para desacreditar (a personas como sucede en situaciones electorales para denigrar a candidatos, a funcionarios o políticos, para erosionar las marcas empresariales, etcétera), por mero afán lúdico, para tener tráfico sin objetivo de lucro o como recurso político de algunos gobiernos para influir en decisiones políticas de otras naciones. La lucha por la visibilidad en la red se vuelve feroz y se emplean diversas estrategias con el fin de ganar la atención de las audiencias.
No hay que soslayar que el tiempo de atención en los humanos es finito, por lo que las noticias falsas son parte de la lucha por captar la atención de las personas; los contenidos falsos son ideales porque tienen una alta tasa de propagación y logran la atención de las personas. No es gratuito que detrás de esa lucha por la atención estén un ejército de bots, que también tienen el objetivo de tocar la psicología humana, que es la razón principal del éxito de la desinformación. Las personas pueden ser engañadas fácilmente por cuentas automatizadas y pueden, sin saberlo, sembrar la propagación de noticias falsas.
Tal es el escándalo de esto que gigantes de la tecnología como Facebook o Twitter han implementado una serie de medidas y herramientas para tratar de frenar los contenidos falsos. Al mismo tiempo, han surgido varias organizaciones independientes de verificación de hechos para establecer la verdad de la información en línea. Incluso desde el lado técnico se buscan medidas para evitar la "aceleración" del contenido falso, con el fin de poner freno a la velocidad mental de compartir la información que se propala en las redes sociales. Los mismos medios convencionales de comunicación empiezan a decir que la mejor manera de tomar cartas en el asunto, es regresar a las máximas fundamentales del periodismo: verificar, contrastar y jerarquizar la publicación de contenidos. También, diversas organizaciones civiles hablan de impulsar campañas de alfabetización mediática para lograr que los ciudadanos y/o usuarios de internet sean más cuidadosos en la propagación de contenidos en sus redes sociales.
Pero si queremos evitar alimentar la era de la posverdad desde nuestro país, no debemos soslayar que a lo anteriormente enumerado se suman otros actores que tienen un papel destacado en esto: el gobierno y los legisladores. Ambos tienen una clara responsabilidad de asegurar que nuestras garantías individuales se reflejen en el ciberespacio. Deben articular con firmeza y sensibilidad marcos normativos que garanticen la protección de la privacidad de las personas, que no se vulneren la reputación de los ciudadanos, de articular programas que impulsen una alfabetización mediática en los niveles de educación básica, pero, al mismo tiempo, evitar violentar los derechos a la libertad de expresión.