Como se sabe
el 8 de enero de 2023 una turba de partidarios del otrora presidente brasileño
Jair Bolsonaro, irrumpieron en el Congreso, el Palacio de Planalto y el
Tribunal Supremo, demandando que Bolsonaro fuera reinstaurado como presidente y
se destituyera al hoy presidente, Lula da Silva. Ese violento suceso —copia de
lo sucedido en el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021— fue condenado por
amplios sectores en la sociedad brasileña y se tipificó como intento de golpe
de Estado. En tal escenario las redes sociales tuvieron un papel destacado,
particularmente X, tanto en la organización y promoción de las protestas y los
mismos actos violentos ocurridos en Brasil.
Ese es el
contexto en el que se ubica la decisión más reciente del magistrado Alexandre
de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, de suspender temporalmente
el servicio de X en Brasil. Posterior a esa invasión de los edificios de los
diversos poderes de Brasil ya referidos, se desprendieron una serie de
investigaciones y requerimientos a X para que eliminara perfiles y mensajes de
determinada personas, cuestiones que fueron no solo incumplidas sino atacadas
por el dueño de X.
Elon Musk respondió,
cual su estilo, con exabruptos y elevando la apuesta, cerró sus oficinas en
Brasil y se negó a acatar las medidas. Sin embargo, como es característico de
él (ya que no traga ácido sulfúrico ni es imbécil), posteriormente empezó a
cambiar de postura y se dijo dispuesto a dialogar con las autoridades para
acatar los requerimientos, entre las cuales están también las multas, que se
han hecho a su empresa. Entre más tiempo pase sin solventar eso sus empresas
pierden más dinero.
Mal hicieron
quienes celebraron las posturas de Musk y lo enaltecieron como la quintaesencia
de la libertad de expresión, pero también errónea fue la postura de los
fundamentalistas que ven en Musk la encarnación del averno y se inclinaron a
celebrar la medida de las autoridades judiciales brasileñas, considerándola impoluta
y democrática, pero pasaron por alto los desatinos, desconocimientos de las
autoridades brasileñas en la manera de operar de las tecnologías digitales y,
de paso, violentar los derechos de los usuarios.
Para nadie
es un secreto que las Big Tech son buenas en eso de no respetar leyes en
diversos países. Un argumento común, que en diversos momentos sí les valió, fue
que las sanciones y decisiones judiciales en otras naciones no eran válidas por
la carencia de jurisdicción: sus domicilios fiscales estaban fuera de dicha
nación, o en su defecto que las filiales registradas fuera de Estados Unidos no
tenían relación con la empresa principal que administra dicha firma de internet.
Esa situación prácticamente se ha solventado en la inmensa mayoría de países
que han hecho obligatorio tener representación legal, tal como lo evidencia la
nueva legislación europea de plataformas digitales: la Ley de Servicios
Digitales.
En Brasil la
confrontación resulto disonante porque el dueño de X, Elon Musk, se enfrascó directamente
en una disputa verbal con los jueces, cuestionó la integridad de la misma justicia
brasileña y se burló de ella. Fue un auténtico desafío, pero es cierto que la
medida de la autoridad judicial de suspender totalmente un servicio fue desproporcionada
porque afectó a todos los usuarios de X en Brasil, la mayoría no tenían o no estaba
vinculada con la decisión judicial inicial.
En el afán
de que X entregara los datos y bloqueara a determinadas personas, usuarios de
la misma, se afectaron a millones de personas que no tenían nada que ver con
tales actos sancionados. Pero eso tampoco sirvió para hacer que los usuarios
comprendieran el valor del respeto de las normatividades, que acataran la
sentencia porque la gente se volcó a usar los servicios de VPN; a raíz de la
prohibición el uso de VPN en Brasil se disparó de manera notoria: tuvo un
incremento de 1600% en pocos días (shre.ink/gwg3). Cuestión que refleja el rechazo
de usuarios a la censura y su deseo de acceder a X, que la misma es una plataformas
de comunicación que les es necesaria.
Sin embargo,
el affaire X en Brasil tiene otras implicaciones porque lleva a
cuestionarse si para una empresa es obligatorio dar respuesta positiva a todo
requerimiento o prohibición que le haga una autoridad judicial,
independientemente del tipo de gobierno o régimen que se trate, o debe de
hacerlo sólo cuando emanen de un gobierno democrático. Por un lado, está la
cuestión de si es válido, si su sentencia está fundada. Pero no solo eso, es
fundamental que quien sanciona tenga la capacidad de considerar los efectos
técnicos y prácticos de las medidas que desea implementar, porque en el caso de
un ecosistema de comunicación digital cualquier medida que se tome se traduce
en consecuencias directas e indirectas, de derivas que tienen múltiples
consecuencias no deseadas en la comunicación de las personas.
La negativa
de X a cumplir las órdenes judiciales ha sido interpretada por algunos analistas
como una decisión política de Musk, más que una preocupación genuina por la
libertad de expresión. Esto tiene sentido cuando vemos que tiene abiertos
varios litigios en distintos de Europa, pero en donde sí ha decidido litigar
las demandas. Es decir, Musk tiene en su radar distintas maneras de proceder,
dependiendo del país que lo sancione.
Más allá de
eso, también es cierto que la justificación de las autoridades brasileñas para
bloquear VPNs a menudo se basa en razones de seguridad nacional o control de
contenidos, dichas medidas violentan los derechos humanos de las personas: para
empezar violenta el derecho a la privacidad, ya que la idea de sancionar a
quienes usen las VPNs equivale a monitorear a los usuarios y violentar derechos
de privacidad; afecta la libertad de expresión e impide que las personas puedan
acceder a información y la capacidad de expresarse libremente en línea. Además,
las mismas autoridades brasileñas vieron que eran medidas absurdas —como lo
fueron en su momento también contra WhatsApp—, se dieron cuenta de la
dificultad y la ineficacia de bloquear el acceso a X vía VPNs, optaron por
recular y ya no aplicar la medida. Sin olvidar que la medida generó críticas a
nivel nacional e internacional, lo que pudo influir también en la decisión de
revocarla.
A medida que
el caso de X en Brasil siga en desarrollo, porque eso aún no concluye, sigue
vigente la reflexión del tema sobre la importancia de la libertad de expresión,
la responsabilidad de los actores privados en la esfera pública global, el
cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos, la importancia
de actualizarlos de cara a los avances tecnológicos, y el papel mismo de justicia
en la aplicación de la ley y los retos que enfrenta en esa tarea
(shre.ink/gwge).
* @tulios41
Publicado en La Jornada Morelos: https://www.lajornadamorelos.mx/opinion/la-caza-digital-71/
