Palabras y patentes

La lucha por los derechos de propiedad intelectual o de autor tiende, en ocasiones, a emular las batallas libradas por los grupos fundamentalistas o viceversa. En Malasia, por ejemplo, el gobierno impide a grupos cristianos usar el término Alá como traducción de Dios. Y la disputa se traslada a los tribunales para dirimir si tienen derecho a usarla.

Hoy vivimos una época regida por el individuo y lo propio, característico de la era de las marcas, las patentes y la inexorable y perenne apropiación de los signos. Las ideas hoy valen mucho menos que las palabras concretas, que son las que incluso respaldan las grandes estrategias mercantiles globales.  

Parece que el tiempo le ha dado la razón a lo nominalistas que decían que las ideas eran sólo ilusiones. Hasta ahora, y a pesar de que pulule el discurso de que en los tiempos que corren el conocimiento es el gran pivote de las economías, lo cierto es que las ideas que éste genera no se pueden patentar (por lo menos hasta este momento) sino sus síntesis de aplicación. Es por eso que más que ideas o teorías se puede patentar un nombre y pasar a ser propietario del uso comercial del mismo.

De esa manera, los individuos son dueños de la palabra “apple” o “ventana”, por ejemplo, y a tal grado ha llegado esa apropiación que la misma Google vende, vía subastas, palabras clave que pueden servir para comercializar prácticas o productos. El éxito creciente de la propiedad intelectual y de la “apropiación” vertiginosa de términos de uso común, que eran patrimonio global, testimonia esa acelerada y creciente adjudicación de vocablos y palabras que carecían de propietarios.

En la actualidad se multiplican acuerdos globales que, en nombre de los derechos de propiedad intelectual, benefician los intereses de las grandes corporaciones. Hoy, es cierto, que lo común y lo universal ya no gozan de glamur alguno y quien se pronuncie por ello puede ser tachado de un comunista desfasado. En los tiempos que corren, el fundamentalismo en torno a la propiedad intelectual se ha matrimoniado con una especie de nominalismo conservador para descartar el sentido de la propiedad común, construyendo murallas con palabras patentadas o alrededor de las mismas.

Publicado en Milenio

Hillary e internet

El día de ayer ofreció un discurso la actual Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien aseveró que el gobierno estadunidense considera un prioridad la defensa de las libertades de los usuarios en la red. Asentó que su nación destinará todos los recursos a su alcance para expandir dichas libertades. Su crítica se centró en los países que ponen taxativas e impiden el libre flujo de las opiniones y que su nación luchará denodadamente a favor del derrumbe de esas murallas electrónicas. Incluso defendió a una de las empresas estadunidense que ha sido aliada de la administración Obama, Google , y señaló que los ataques sufrido por esa firma en China es, prácticamente, una embestida al gobierno mismo de Estados Unidos. Su postura encuadra en lo que se puede denominar la neutralidad de la red.

Nadie que esté a favor de una internet libre puede estar en contra de esto, pero uno tampoco se chupa uno el dedo en lo que expresa el gobierno estadunidense, quien mientras abre ventanas por un lado las cierra en otro. Justo lo que hoy se avecina con el tratado comercial conocido como Acta, que es impuesto por esa nación a los demás países del orbe, va en contra de eso que expresó Clinton, porque la erosión de la intimidad y la privacidad que acompañan al Acta se erigen como murallas contra la libertad de expresión, pueden devenir en un disuasivo que tendrán a la mano los gobiernos para poder cercenar la libertad de expresión.

El Acta toma una ruta que va en sentido contrario de lo que debe entenderse por neutralidad de la red, que por lo visto el gobierno de Obama la entiende según sus conveniencias o con base en las presiones recibidas de la gran industria cultural. No por algo Obama tiene dentro de su equipo a gente cerca de la gran industria cultural como a los procedente de los grandes de la red, con todo trata de quedar bien.

En todo caso, ha quedado claro en esta primera anualidad de Obama en la presidencia de Estados Unidos, ha sobresalido por sus inconsistencias entre supuesto “amante” de las nuevas tecnologías y las verdades del mandatario que es rehén de los grandes grupos de poder de Estados Unidos o que de plano ve que esa es una manera “cómoda” para que Estados Unidos siga perpetuando su hegemonía cultural a escala planetaria.

Queda claro que quienes realmente disfrutaron de la auténtica libertad en la red fueron los pioneros de la misma, incluso quienes nos convertimos en usuarios asiduos de la red en la década pasada también pudimos usufructuar mucho de esa libertad. Hoy que las red cuenta con una serie de interesantes interfaces y que una buena cantidad de usuarios acceden al ciberespacio, cuando se han consolidando nuevas formas de interacción como las redes sociales, adviene un etapa muy oscura en donde el país que la promocionó e impulsó en buena medida ahora le intenta cercenar una faz de lo que la ha caracterizado en sus más de 40 años que tiene de existencia.

Lo que viene con el Acta

Un ejemplo de lo que nos espera en el futuro como usuarios de internet si se aplica en Acta (Acuerdo de Comercio contra la Falsificación) es lo que acaba de dar a conocer el Partido Pirata de Suecia. Es el camino que probablemente se multiplique con la puesta en marcha de taxativas o sanciones a las descargas en línea y la violación de la privacidad de los usuarios.

Acaba de ser lanzado IPREDator, el servicio de red virtual privada (VPN, Virtual Private Network) que fue creado por los administradores de The Pirate Bay. Después de un buen lapso de haber efectuado las pruebas correspondientes, ese proyecto computacional finalmente ha cristalizado y ya se difunden por los pasillos digitales sus cualidades. El servicio tendrá un costo de 15 euros trimestrales por el cual, según sus promotores, se garantiza a quien lo contrate una conexión a internet enteramente cifrada y una navegación anónima.

En Suecia el Partido Pirata pasó a tener problemas con las autoridades de esa nación a raíz de que el año pasado ese país hizo suya la directiva europea IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) que puso contra la pared a dicho sitio y prácticamente debieron cerrarlo. Pero ahora los responsables de The Pirate Bay, al anunciar el lanzamiento de una red virtual privada asociada a un sistema de proxys, vuelve a ser noticia a escala mundial y hace patente que regresa por sus fueros. Su objetivo, con esta invención, según comentan sus creadores es preservar la libertad de los internautas frente a las industrias culturales, quienes tienen la posibilidad de recolectar las direcciones IP de los usuarios que sospechan violan los derechos de autor.

En la práctica lo que IPREDator hará es establecer un túnel de seguridad entre la conexión del usuario y los servidores VPN instalados en Suecia, permitiendo ocultar el tipo de intercambios que se efectúen, las descargas y la navegación de los usuarios. Las ventajas son múltiples: si los cazadores de IP de los grandes consorcios de entretenimiento intentan obtener la dirección IP de un abonado a dicho servicio, obtendrá la del VPN y no la del usuario. En el hipotético caso que la policía decomise los servidores de IPREDator, los servidores de éste no conservarán ningún histórico por lo que no se podrá rastrear a nadie que haya usado sus servicios. Incluso los PSI no podrán saber lo que hace un abonado o si pasa por un VPN.

Para hacer efectivo el VPN el IPREDator debe acompañarlo con otras tecnologías como los protocole TLS (Transport Layer Security) el PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) que es de encapsulamiento y que actualmente es muy usado. Por ello se dice que con IPREDator las conexiones se encapsularán, haciendo imposible saber los archivos que se intercambia o descargan de una página, las sitios por donde navegan o los juegos en línea que juegan los usuarios. Por lo tanto, las autoridades no tienen manera o medio para poder distinguir entre actividades legales e ilegales y les será imposible filtrar correctamente cualquier uso de la red, a menos que se bloquee o impida el uso del un VPN.

A esto es lo que muchos usuarios acudirán en el futuro de aprobarse el Acta, e incluso se corre el riesgo que eso sea más usado por quienes sí hacen piratería, que terminan por lucrar con cierto tipo de descargas. En vez de que la industria cultural ponga en marcha políticas pertinentes para que los productos digitales se vendan a precios sensatos, parece que opta por alimentar mucho más el mercado negro.

Pero además si no hubiera sido el Partido Pirata seguro que cualquier otro grupo o hacker hubiera creado algo similar para navegar anónimamente, aunque a partir del Acta es presumible que pulule un mercado de aplicaciones dedicadas a burlar controles y franquear taxativas que también terminarán por poner en peligro a los mismos PSI.

Acta en México

El tratado internacional conocido como ACTA (Acuerdo de Comercio Contra la Falsificación) de aplicarse cambiará radicalmente el sentido de la red tal como hoy la conocemos. El tratado refuerza de manera desmesurada el poder del copyright (o los derechos de autor que en este caso no tiene ya diferencias sustanciales con aquél), forzará a los PSI (Proveedores de Servicio de Internet) a convertirse en policías de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo las empresas encargadas de prestar el servicio de hosting u hospedaje de contenidos les será imposible verificar recurrentemente lo que promuevan u hospedan sus abonados, amén de que dicho actividad dejará de ser un negocio redituable por las inversión de tiempo en el patrullaje y los riesgos a los cuales se verán expuestos. De igual manera, se impondrá sanciones a los usuarios que violen el copyright e incluso penarlos después de previas advertencias. Además, se autoriza a que los diversos soportes de almacenamiento sean inspeccionados en las fronteras (discos duros, memorias USB, lectores MP3, etcétera). En este caso los medios de almacenamiento que contengan archivos protegidos descargados de manera “ilegal” serán destruidos y sus poseedores se harán acreedores a una multa.
Entre las informaciones que se han conocido del ACTA se encuentra, también, la posibilidad de acceder a los datos personales de un internauta, sospechoso de haber descargado un contenido protegido por las leyes de derecho de autor o copyright sin necesidad de acudir a un juzgado. Un ejemplo de eso ya lo vemos de alguna manera en la legislación francesa con su conocida ley Hadopi.
Las negociaciones en torno al acta ACTA se hacen fuera del todo marco “legal” ya que ninguna organización internacional, por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, lo supervisa. Las pláticas para concretar el ACTA comenzaron en 2006 entre Estados Unidos, la Comisión europea, Suiza y Japón. Posteriormente se unieron a las negociaciones Australia, Canadá, la Unión Europea, Jordania, Marruecos, Nueva Zelanda, Corea, Singapur, Emiratos Árabes y México.
El tratado ha sido negociado en el más puro secreto, de espaldas a los ciudadanos de cada nación que participa en las conversaciones, pero en mayo de 2008 el sitio Wikileaks.org  publicó un documento revelando varios aspectos del acuerdo, pero fue hasta fechas recientes que la opinión pública fue alertada primeramente gracias a la Electronic Frontier Foundation (EFF) y posteriormente por ReadWriteWeb  y un sinfín  de sitios. Es tal la presión que sienten algunos gobiernos por parte de los usuarios de internet e incluso de sectores de la industria, que los de Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, han manifestado su inclinación para que se hagan públicos los documentos y avances de las negociaciones.
Muchos analistas ven en el caso francés con su ley Creación e internet, que dio paso a la conformación de la Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet (Hadopi) y de la readecuación de su legislación hermana Ley de Orientación y Programación para la Seguridad Interior (Loppsi) como el laboratorio para que se dé el siguiente pasó: poner en marcha la aplicación del ACTA. Las reciente iniciativa para legislar el uso de Internet en España, conocida popularmente como Ley de Economía Sostenible y popularmente conocida como Ley Antidescargas, o la controvertida Ley de escuchas de Alemania, la adopción de la Intellectual Property Rights Enforcement Directive por parte de Suecia que ha ocasionado varios efectos negativos en esa nación, o las propuestas del gobierno de Italia de establecer rígidas taxativas en la red, o la Digital Economy Bill en Gran Bretaña, que hacen pensar que se abona el terreno para hacer realidad el ACTA o en su defecto que son la ruta gradual hacia la implementación de la misma. Al menos los cambios o adecuaciones a la propuesta original de esta última normatividad así lo dejan ver. Sin olvidar que para mediados de 2011 todas las normatividades de los países que conforman la Unión Europea deben tener un marco homogéneo para regular las cuestiones relacionadas con los derechos de autor o copyright y ese podría ser el momento en que todas las normatividades se adecuen, previo paso nuevamente por la Eurocámara, a lo demandado por el Acta.
Pero las cosas pueden ir más lejos. Como lo ha mostrado el gobierno italiano, que quiere impulsar un proyecto legislativo para sancionar a la web 2.0 al pedirse, o mejor dicho exigir, a quienes quieran subir un video a YouTube, tener una autorización previa, bajo forma de licencia, con lo cual se trata de cercenar la capacidad que ha dado internet a muchas personas de expresarse y de transparentar muchas acciones del gobierno italiano o incluso de caricaturizarlo.
En lo que se puede ya desde ahora visualizar es que de aprobarse una normatividad tal como se ha difundido hasta ahora, es decir la obligación a los sitios web 2.0 de convertirse en policías, exigirá de facto a la mayor parte de las plataformas de blogs a cerrar, como también sucederá, seguramente, con diversos sitios que ofrecen a los internautas almacenamiento u hospedaje gratuito.

La presión por mayor transparencia
Más allá de las contradicciones que muestran las grandes empresas de la red, al menos Google ha mostrado un interés en que dentro del concepto de neutralidad de la red que maneja, no se afecten a usuarios por el uso que hagan de la red. Google no ve con buenos ojos el ACTA porque choca contra su modelo de negocio. De manera tal que organizó hace unos días una mesa redonda en Washington para debatir en torno a dicho acuerdo. La discusión fue interesante y agitada, ya que se dieron cita representantes de los lobbies y los partidarios de las libertades digitales, en donde se abordaron aspectos legislativos, la economía digital, los problemas éticos que conlleva el Acta, pero sobre todo la falta de transparencia en que se ha desenvuelto. Al final éste aspecto terminó por ser algo demandado y exigido por casi todos los asistentes a dicho encuentro.
El otro aspecto que destacó es algo que se viene mencionando desde tiempo atrás en el sentido que poner en marcha el ACTA implicará, necesariamente, crear un nuevo entramado legal, crear nuevas normatividades que eliminarán preceptos que por antonomasia han dado cierta protección a los usuarios-ciudadanos-consumidores. Y si eso es posible entonces es probable que los cambios no sólo se queden a escala de códigos, sino que pueda alcanzar hasta la misma Carta Magna.
Hasta este momento el ACTA ha dado lugar a seis reuniones de negociación, una más está por efectuarse en México. Cosa asombrosa, la presión a escala internacional parece tener al menos un efecto: la transparencia está a punto de hacerse efectiva en la séptima reunión que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara del 26-29 de junio próximo. E incluso antes de que se lleve a cabo al menos el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) hizo un simulacro de consulta. No se puede decir que eso lleve, realmente, a una mejor discusión de los problemas que están involucrados en el uso de internet, sin embargo puede ser una ventana que se abre para que no sean únicamente los sectores de la industria del entretenimiento o de la industria cultural los únicos en dejar escuchar sus puntos de vista.

Antecedentes necesarios
El 20 de enero el IMPI llevó a cabo una consulta pública para conocer los puntos de vista de los interesados en el ACTA, en donde se dieron cita los representantes de la industria discográfica, cinematográfica, del software y de usuarios de internet, quienes por cierto fueron visto como los patitos feos de la reunión. A pesar de que un día antes de la reunión se había referido que ya no existirían diversas taxativas que estaban enumeradas en el sitio del IMPI, tales como grabadoras, teléfonos celulares, videocámaras, videograbadoras, etcétera, durante la reunión hubo actitudes desafortunadas que ha relatado Alejandro Pisanty, quien ofrece una lectura pormenorizada del evento.
Aún así es confuso, pero alentador, el cambio de actitud del IMPI y de poner más adelante un nuevo formato para poder escuchar a todos los interesados. Se propone que para después que concluyan las negociaciones sobre el ACTA en Guadalajara se programarán mesas de trabajo para tal fin.
Más allá de esto, independientemente del resultado final del Acta lo cierto es que para un país como el nuestro la verdadera piratería, la que se da fuera del circuito digital y del ciberespacio, no será frenada. Entre las mafias locales y las internacionales ese circuito seguirá siendo alimentado e incluso se corre el riesgo de que se incremente, no solo por la situación económica que vive el país, sino por la poca disposición de la industria cultural de vender sus productos a precios razonables, acordes con la realidad de la economía nacional.
Pero además, mucho me temo que el diálogo con el IMPI no termine de buena manera, porque es presa del enorme poder fáctico de la industria cultural local e internacional. Amén de eso la intolerancia de la industria a escuchar puntos de vista diferentes, que carecen de una disposición democrática para entender que en los temas que se dicen ser de interés nacional deben ventilarse pública y abiertamente por todos los interesados, de la mano de un verdadero ejercicio de transparencia.
La herencia de más de 70 años de autoritarismo revolucionario aún pervive en muchas estructuras “públicas” de este país que no han entendido, para nada, lo que es la rendición de cuentas, demostrando la urgente necesidad de que organismos como el IMPI también se adecuen a los tiempos que corren, que se encuadren en una normatividad que regule su actuación de cara a la ciudadanía.

Lo más destacado de la década

Está de moda hacer cortes de caja sobre el desarrollo de internet, que a 40 años de existencia conserva aún mucha frescura. Es una tecnología que se ha vuelto masiva y se ramifica firmemente entre sus contradictorias audiencias. Un ejemplo de este auge de internet se refleja en su demografía. En el año 2000 estaban conectados a escala planetaria 360 millones 983 mil 512 personas, el día de hoy ya son mil 668 millones 870 mil 408 personas, ha tenido un crecimiento del 462 por ciento.

Al mismo tiempo han surgido invenciones que han marcado el rostro de internet en estos últimos años. En gustos se rompen géneros, pero si tenemos que destacar tres aportes en la última década, sin duda el primer lugar lo ocupa Napster, que si bien se lanzó en 1999 su auge se dio al año siguiente. A pesar de su vida efímera Napster creó la zaga de programas P2P; cambió por completo nuestro concepto de música; vino a hacernos entender que hay mayor oferta y calidad fuera de los grandes sellos discográficos; que los discos se podían hacer a la carta; que consumir música no era un acto pasivo, sino un proceso activo en el cual el usuario determina lo que quiere escuchar e incluso procesar los contenidos a su gusto.

Otro gran suceso ha sido Wikipedia, que lanzada en 2001 ha devenido en la enciclopedia más grande del planeta, pero su carácter abierto y no propietario la tornan en un modelo a seguir en la difusión del conocimiento. Su versión en inglés ya cuenta con más de tres millones de artículos (la versión en español cuenta con 530 mil) y se ha vuelto la expresión más acabada de inteligencia colectiva, de crowdsourcing, que terminó por ocasionar que la enciclopedia Encarta pasara a mejor vida y que incluso la pomposa enciclopedia británica tuviera que cambiar sus criterios cerrados y darle entrada a los artículos de sus lectores.

El tercer invento destacable son las redes sociales Facebook y Twitter . Hay muchas y éstas no fueron las primeras, pero son las que hoy ejemplifican la apropiación de los usuarios de la red. La primera surgió en 2004 y la segunda en 2006. Ambas no sólo marcan una renovación de las interacciones en la red, sino que definen, sobre todo la segunda, nuevas formas de organización grupal que desembocan en la arena pública en actos de protesta y en reclamos ciudadanos.

Publicado en el periódico Milenio.

Ley antidescargas

La probable puesta en marcha de la Ley antidescargas en España, que en realidad es parte del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible ha llevado a movilizaciones y protestas por parte de un sector de los usuarios de internet de ese país. Sin embargo, esa respuesta de los cibernautas ha terminado porque el presidente Zapatero señale que no se cerrará ninguno sitio y ha dejado abierta la posibilidad de que dicho anteproyecto de ley sea revisado.
En la prensa española no han faltado las voces que han referido que la puesta en marcha de la Ley antidescargas obedece a las presiones del gobierno estadunidense. Algunos incluso recuerdan que lo mismo aconteció en 2006 con Suecia, cuando la Casa Blanca amenazó al Gobierno sueco de aplicarle sanciones comerciales si no se ponía las pilas y cerraba el sitio The Pirata Bay. Por supuesto que las autoridades estadunidenses niegan esto e incluso refieren que tales ideas son producto de mentes atrofiadas, pero existen documentos filtrados en internet que prueban la existencia de un fuerte cabildeo internacional.
Según el sitio Escolar.net, la embajada estadunidense se puso en contacto con el gobierno de José Luis Zapatero y dirigentes de los partidos Popular y Obrero Español para pedirles mantener las reformas previstas por el Ministerio de Cultura contra la piratería en Internet.

El fuerte apremio que sufre el gobierno español por parte del estadunidense, se debe a las presiones que el mismo gobierno de Estados Unidos enfrenta por parte de las grandes firmas de la industria cultura que cabildean en las cámaras de Estados Unidos para que el gobierno de Obama exija al gobierno español a tomar medidas severas para frenar el intercambio de archivos peer to peer. Eso es resultado de que en dicha nación ibérica varios jueces han exonerado a cibernautas acusados de intercambiar archivos en las redes P2P, que han sostenido que es legal el uso de software y sitios P2P y que las páginas que contenían links o enlaces a sitios P2P no eran violatorias de derechos de autor.
La misma situación se vive en México, en donde las industrias del entretenimiento presionan para que se adopten medidas severas para frenar la piratería, en particular se ha centrado el interés en las descargas en línea. Tal como puede ver en el sitio de la MPAA, que representa los intereses de los grandes estudios de cine demanda al gobierno de Obama poner en marcha medidas contra la piratería, en especial mencionan a México como una de las naciones en donde es necesario frenar el intercambio de archivos en internet y la piratería en general.
En tal contexto adquiere relevancia la idea de poner en marcha el Acta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, Acuerdo de Comercio contra la falsificación) y ya se empiezan a dar en nuestro país algunos avances que van en el sentido de regular la normatividad en materia de derechos de autor e incluso el mismo código penal, como es el caso de la reciente iniciativa lanzada en el senado por un grupo de senadores del PRI. En dicha iniciativa lo senadores Ely Cantu Segovia, Agustín Arroyo Vieira y Raúl José Mejía González, si bien no se apegan a la lógica trazada por el #acta, en el sentido de regular los intercambios en internet, sino de reforzar los derechos de reproducción de las obras, de acotar claramente en el código penal a quienes reproduzcan las obras sin consentimiento de los creadores, tiene implicaciones que vale la pena destacar. Aquí los cambios en cuestión que se proponen: 

Código penal
Artículo 424 quáter.- Se impondrá prisión de dos a siete años y de dos mil a quince mil días multa, a quien utilizando algún dispositivo que permita el almacenamiento, distribución, grabación, fijación, filmación, impresión, reproducción o transmisión visual, sonora o audiovisual, almacene, distribuya, grabe, fije, filme, imprima, reproduzca o transmita, total o parcialmente, una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, durante su interpretación, ejecución o exhibición pública en cualquier lugar donde ésta ocurra, sin contar con la autorización del titular de los derechos de autor y los derechos conexos.

 
Ley Federal de derechos de autor:
Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 148 y se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del mismo artículo, para quedar como sigue:
Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, y sin que cause perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, solo en los siguientes casos:

Si bien, no están presente aspectos que han ocasionado la movilización en España de los cibernautas, no podemos pasar por alto que marcan un retroceso en cuanto tienden a poner fin a ciertos derechos tenidos en el pasado, por ejemplo grabar una pedazo de un concierto con un celular y que únicamente tiene el objetivo de quedar como recuerdo para ser compartido con amigos o simplemente para utilizarlo como un factor de memoria o recuerdo. 
En todo caso debemos estar atentos en el futuro cercano en donde podremos estar muy cerca de tener algo similar a Ley antidescargas en España y que ésto que ahora presentan los senadores del PRI pueda ser el eslabón para hacer realidad lo que se contempla en el #acta.

El reino de lo falso

La red es un espacio en donde lo falso y la piratería van de la mano. En el ciberespacio existen productos e imitaciones para todos los gustos. Allí lo mismo se puede encontrar un reloj Cartier por 75 dólares, lentes Gucci por 9 dólares, o hasta una caja de Viagra por 39 dólares… Pero todos esos productos son falsos, al grado que existen datos que indican que alrededor del 10 por ciento del comercio mundial lo conforman falsos productos.
Presas de su propia notoriedad las empresas sufren una pérdida de ingresos y, también, un deterioro de imagen y notoriedad. Las grandes empresas argumentan, sin comprobarlo, que el consumidor que compra un producto falso no regresará nunca a adquirir el producto original. Las grandes marcas invierten cuantiosas sumas para frenar la piratería, como por ejemplo Cartier quien gasta más de cuatro millones de dólares anuales para luchar contra la piratería de sus productos.
Para el consumidor un falso DVD cuesta la mitad de precio y es una buena inversión y con una baja calidad del producto. Pero para quienes se dedican a la piratería es un negocio muy rentable, de poco riesgo y se han ido especializando al grado de que combinan astucia y tecnología para dar paso a “mercancías” piratas.
Los productos pueden ser creados en una fábrica que en el día se dedica a confeccionar productos legales, pero en las noches se dedica a crear los falsos. Al mismo tiempo se emplean estrategias de diseño y materiales que los imitan casi a la perfección y a tal grado que distinguir un producto original de un falso requiere de un estudio químico para saber cuál es el verdadero, y eso no sólo en cuestiones médicas, sino también en los productos textiles.
Nuestro país es un terreno fértil para lo faso, se puede conseguir con relativa facilidad desde pasta de dientes y manzanas, hasta discos y computadoras. Internet ha sido una eficaz caja de resonancia para promocionar e incluso vender todos esos productos. Pero sin duda Asia es el principal productor de enseres piratas, sobre todo China que es la mayor fábrica de los mismos, al grado de que el 70 por ciento de mercancías falsas a escala mundial provienen de dicho país.
Por ello no es raro recibir por correo electrónico las promociones de productos estilo Viagra o Cialis a precios bajos. Ellos son ejemplo de los miles de medicamento ofertados todos los días en la red, en donde gracias a millones de mensajes se promocionan y venden infinidad de productos. A tal grado es esto que el 7 por ciento de los medicamentos a escala mundial son falsos e incluso con sustancias peligrosas. Pero todo es reflejo de que lo falso al refugiarse en el anonimato y la inmaterialidad de la red termina por convertirse en algo imparable y global.