Acta en México

jueves, 21 de enero de 2010

El tratado internacional conocido como ACTA (Acuerdo de Comercio Contra la Falsificación) de aplicarse cambiará radicalmente el sentido de la red tal como hoy la conocemos. El tratado refuerza de manera desmesurada el poder del copyright (o los derechos de autor que en este caso no tiene ya diferencias sustanciales con aquél), forzará a los PSI (Proveedores de Servicio de Internet) a convertirse en policías de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo las empresas encargadas de prestar el servicio de hosting u hospedaje de contenidos les será imposible verificar recurrentemente lo que promuevan u hospedan sus abonados, amén de que dicho actividad dejará de ser un negocio redituable por las inversión de tiempo en el patrullaje y los riesgos a los cuales se verán expuestos. De igual manera, se impondrá sanciones a los usuarios que violen el copyright e incluso penarlos después de previas advertencias. Además, se autoriza a que los diversos soportes de almacenamiento sean inspeccionados en las fronteras (discos duros, memorias USB, lectores MP3, etcétera). En este caso los medios de almacenamiento que contengan archivos protegidos descargados de manera “ilegal” serán destruidos y sus poseedores se harán acreedores a una multa.
Entre las informaciones que se han conocido del ACTA se encuentra, también, la posibilidad de acceder a los datos personales de un internauta, sospechoso de haber descargado un contenido protegido por las leyes de derecho de autor o copyright sin necesidad de acudir a un juzgado. Un ejemplo de eso ya lo vemos de alguna manera en la legislación francesa con su conocida ley Hadopi.
Las negociaciones en torno al acta ACTA se hacen fuera del todo marco “legal” ya que ninguna organización internacional, por ejemplo la
Organización Mundial de Comercio, lo supervisa. Las pláticas para concretar el ACTA comenzaron en 2006 entre Estados Unidos, la Comisión europea, Suiza y Japón. Posteriormente se unieron a las negociaciones Australia, Canadá, la Unión Europea, Jordania, Marruecos, Nueva Zelanda, Corea, Singapur, Emiratos Árabes y México.
El tratado ha sido negociado en el más puro secreto, de espaldas a los ciudadanos de cada nación que participa en las conversaciones, pero en mayo de 2008 el sitio
Wikileaks.org  publicó un documento revelando varios aspectos del acuerdo, pero fue hasta fechas recientes que la opinión pública fue alertada primeramente gracias a la Electronic Frontier Foundation (EFF) y posteriormente por ReadWriteWeb  y un sinfín  de sitios. Es tal la presión que sienten algunos gobiernos por parte de los usuarios de internet e incluso de sectores de la industria, que los de Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, han manifestado su inclinación para que se hagan públicos los documentos y avances de las negociaciones.
Muchos analistas ven en el caso francés con su ley
Creación e internet, que dio paso a la conformación de la Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet (Hadopi) y de la readecuación de su legislación hermana Ley de Orientación y Programación para la Seguridad Interior (Loppsi) como el laboratorio para que se dé el siguiente pasó: poner en marcha la aplicación del ACTA. Las reciente iniciativa para legislar el uso de Internet en España, conocida popularmente como Ley de Economía Sostenible y popularmente conocida como Ley Antidescargas, o la controvertida Ley de escuchas de Alemania, la adopción de la Intellectual Property Rights Enforcement Directive por parte de Suecia que ha ocasionado varios efectos negativos en esa nación, o las propuestas del gobierno de Italia de establecer rígidas taxativas en la red, o la Digital Economy Bill en Gran Bretaña, que hacen pensar que se abona el terreno para hacer realidad el ACTA o en su defecto que son la ruta gradual hacia la implementación de la misma. Al menos los cambios o adecuaciones a la propuesta original de esta última normatividad así lo dejan ver. Sin olvidar que para mediados de 2011 todas las normatividades de los países que conforman la Unión Europea deben tener un marco homogéneo para regular las cuestiones relacionadas con los derechos de autor o copyright y ese podría ser el momento en que todas las normatividades se adecuen, previo paso nuevamente por la Eurocámara, a lo demandado por el Acta.
Pero las cosas pueden ir más lejos. Como lo ha mostrado el gobierno italiano, que quiere impulsar un proyecto legislativo para sancionar a la web 2.0 al pedirse, o mejor dicho exigir, a quienes quieran subir un video a YouTube, tener una autorización previa, bajo forma de licencia, con lo cual se trata de cercenar la capacidad que ha dado internet a muchas personas de expresarse y de transparentar muchas acciones del gobierno italiano o incluso de caricaturizarlo.
En lo que se puede ya desde ahora visualizar es que de aprobarse una normatividad tal como se ha difundido hasta ahora, es decir la obligación a los sitios web 2.0 de convertirse en policías, exigirá de facto a la mayor parte de las plataformas de blogs a cerrar, como también sucederá, seguramente, con diversos sitios que ofrecen a los internautas almacenamiento u hospedaje gratuito.

La presión por mayor transparencia
Más allá de las contradicciones que muestran las grandes empresas de la red, al menos Google ha mostrado un interés en que dentro del concepto de neutralidad de la red que maneja, no se afecten a usuarios por el uso que hagan de la red. Google no ve con buenos ojos el ACTA porque choca contra su modelo de negocio. De manera tal que organizó hace unos días una mesa redonda en Washington para debatir en torno a dicho acuerdo. La discusión fue interesante y agitada, ya que se dieron cita representantes de los lobbies y los partidarios de las libertades digitales, en donde se abordaron aspectos legislativos, la economía digital, los problemas éticos que conlleva el Acta, pero sobre todo la falta de transparencia en que se ha desenvuelto. Al final éste aspecto terminó por ser algo demandado y exigido por casi todos los asistentes a dicho encuentro.
El otro aspecto que destacó es algo que se viene mencionando desde tiempo atrás en el sentido que poner en marcha el ACTA implicará, necesariamente, crear un nuevo entramado legal, crear nuevas normatividades que eliminarán preceptos que por antonomasia han dado cierta protección a los usuarios-ciudadanos-consumidores. Y si eso es posible entonces es probable que los cambios no sólo se queden a escala de códigos, sino que pueda alcanzar hasta la misma Carta Magna.
Hasta este momento el ACTA ha dado lugar a seis reuniones de negociación, una más está por efectuarse en México. Cosa asombrosa, la presión a escala internacional parece tener al menos un efecto: la transparencia está a punto de hacerse efectiva en la séptima reunión que se
llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara del 26-29 de junio próximo. E incluso antes de que se lleve a cabo al menos el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) hizo un simulacro de consulta. No se puede decir que eso lleve, realmente, a una mejor discusión de los problemas que están involucrados en el uso de internet, sin embargo puede ser una ventana que se abre para que no sean únicamente los sectores de la industria del entretenimiento o de la industria cultural los únicos en dejar escuchar sus puntos de vista.
Antecedentes necesarios
El 20 de enero el IMPI llevó a cabo una consulta pública para conocer los puntos de vista de los interesados en el ACTA, en donde se dieron cita los representantes de la industria discográfica, cinematográfica, del software y de usuarios de internet, quienes por cierto fueron visto como los patitos feos de la reunión. A pesar de que un día antes de la reunión se había referido que ya no existirían diversas taxativas que estaban enumeradas en el sitio del IMPI, tales como grabadoras, teléfonos celulares, videocámaras, videograbadoras, etcétera, durante la reunión hubo actitudes desafortunadas que ha
relatado Alejandro Pisanty, quien ofrece una lectura pormenorizada del evento.
Aún así es confuso, pero alentador, el cambio de actitud del IMPI y de poner más adelante un nuevo formato para poder escuchar a todos los interesados. Se propone que para después que concluyan las negociaciones sobre el ACTA en Guadalajara se programarán mesas de trabajo para tal fin.
Más allá de esto, independientemente del resultado final del Acta lo cierto es que para un país como el nuestro la verdadera piratería, la que se da fuera del circuito digital y del ciberespacio, no será frenada. Entre las mafias locales y las internacionales ese circuito seguirá siendo alimentado e incluso se corre el riesgo de que se incremente, no solo por la situación económica que vive el país, sino por la poca disposición de la industria cultural de vender sus productos a precios razonables, acordes con la realidad de la economía nacional.
Pero además, mucho me temo que el diálogo con el IMPI no termine de buena manera, porque es presa del enorme poder fáctico de la industria cultural local e internacional. Amén de eso la intolerancia de la industria a escuchar puntos de vista diferentes, que carecen de una disposición democrática para entender que en los temas que se dicen ser de interés nacional deben ventilarse pública y abiertamente por todos los interesados, de la mano de un verdadero ejercicio de transparencia.
La herencia de más de 70 años de autoritarismo revolucionario aún pervive en muchas estructuras “públicas” de este país que no han entendido, para nada, lo que es la rendición de cuentas, demostrando la urgente necesidad de que organismos como el IMPI también se adecuen a los tiempos que corren, que se encuadren en una normatividad que regule su actuación de cara a la ciudadanía.

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